El presente documento indaga acerca de las transformaciones experimentadas por la política asistencial durante gobierno del Frente de Todos (2019-2023), signado por la crisis económica, el deterioro de la situación socio-laboral y la falta de consenso político, además de la pandemia de COVID-19. En especial,
busca establecer la persistencia del incipiente carácter asegurado que la asistencia social argentina había adquirido a partir de la institucionalización de la Asignación Universal por
Hijo (AUH). Asimismo, el trabajo explora la incidencia de las organizaciones de la economía popular, que se integraron a la coalición gobernante y cuyos referentes formaron parte del elenco de funcionarios, en la configuración de la política asistencial, en especial, sobre la gestión de los planes de empleo subsidiado.
Para ello, se asume un abordaje narrativo histórico y se despliega una estrategia metodológica mixta, combinando técnicas cuantitativas tendientes a producir información estadística de índole presupuestaria y prestacional con técnicas cualitativas de análisis documental. De este modo se iluminan las distintas dimensiones de los programas (alcance poblacional, cobertura respecto de las necesidades,
perdurabilidad) que integraron el modelo de protección asistencial a lo largo del período, analizando su carácter asegurado. Como resultado de la indagación, se afirma la pérdida de protagonismo de la AUH en favor de otras
herramientas asistenciales de corte más convencional, como la asistencia alimentaria y los planes públicos de empleo subsidiado. Estas herramientas han transformado, incluso,
la naturaleza de las políticas públicas que se habían generado previamente a instancias de las propias organizaciones de la economía popular, como el Salario Social Complementario
(SSC). Asimismo, se fundamenta la pérdida de centralidad de la AUH sobre la base de la constatación de la depreciación de los montos otorgados a las familias, situación extendida
al conjunto de las transferencias de la asistencia social. Finalmente, se pone de manifiesto una disminución del carácter asegurado de la asistencia social, más allá de la masificación de las prestaciones y de los crecientes intentos de
las organizaciones de la economía popular de avanzar en las políticas de registración y formalización de los trabajadores informales.